​Desmantelan red narco que operaba en Junín bajo dirección desde la cárcel

​En un importante despliegue coordinado por la Justicia Federal de San Nicolás, se logró desbaratar a una organización criminal que distribuía estupefacientes en la región, utilizando a la ciudad de Junín como punto central de su logística.

​La estructura, que era monitoreada desde hace más de siete meses, contaba con una jerarquía bien definida. Las investigaciones, que incluyeron miles de horas de escuchas telefónicas sobre diez líneas distintas, revelaron que el mando de la banda estaba radicado en el penal de Marcos Paz, donde un recluso —condenado previamente por narcotráfico— coordinaba las actividades junto a una pareja residente en Cuartel V, Moreno, integrada por un civil y una agente de la Policía de la Ciudad.

​El esquema de comercialización, que llamó la atención de las autoridades tras alertas iniciales en la localidad de Pergamino a mediados del año pasado, utilizaba domicilios específicos como nodos estratégicos. En Junín, la base operativa funcionaba en una vivienda situada en la calle Peira al 100, la cual mantenía conexión directa con otro punto de distribución en Chacabuco, ubicado en la calle Padre Doglia al 400. Esta descentralización permitía a la red camuflar eficazmente sus movimientos y eludir los controles habituales de las fuerzas de seguridad.

​Resultados del operativo

​El procedimiento contó con la participación de unos 200 efectivos, incluyendo la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino, apoyo de divisiones provinciales, Infantería, el grupo G.A.D. y el Grupo Especial Halcón, entre otros.

​Durante las irrupciones en diversos inmuebles —que incluyeron puntos en Junín, Chacabuco, Luján, Pergamino y Rancagua—, se incautó material probatorio clave:

​Marihuana en ladrillos y cocaína fraccionada en dosis listas para la venta.

​Dinero en efectivo en pesos y dólares.

​Balanza de precisión y dos vehículos (Peugeot 308 y 208) utilizados para el abastecimiento de los puntos de venta minorista.

​Como consecuencia, la Justicia Federal ordenó la detención e incomunicación de cinco personas (dos hombres y tres mujeres), quienes ya han sido imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, enfrentando penas que oscilan entre los 5 y 15 años de prisión. Mientras tanto, otros tres implicados siguen bajo investigación judicial.